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La comunidad científica unida por la pesca sostenible

22 noviembre 2016

La comunidad científica se une a favor de una pesca sostenible coincidiendo con la 20ª reunión especial de la ICCAT en Portugal.

Coincidiendo con la  20ª reunión especial de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) que se celebra en Vilamoura (Portugal),  científicos y profesionales del medio ambiente españoles han firmado un manifiesto a favor de la pesca sostenible.

Los requisitos de la pesca sostenible, comienzan a ser urgentemente aplicables en numerosas especies si queremos que las generaciones futuras puedan abastecerse de este bien tan preciado.

Debido al problema que plantea las cuotas de atún y pez espada en el mediterráneo, se van a tener que fijar unas que puedan ser sostenibles en el tiempo.

Heléne Petit/ WWF
Hélene Petit/ WWF
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La ONG Oceana ha intentado influir también en esta reunión con sus informes que aseguran que la población de pez espada cayó un 70% en 30 años debido a la sobrepesca.

En el año 2017 se quiere fijar en 10.500 toneladas de estas especies que hasta 2015 se fijaban en de 12.000 a 16.000 toneladas llegando en el año 2.020 a 10.000 toneladas.

La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico está compuesta por 51 miembros en los que se encuentran 50 países y la Unión Europea.

En el manifiesto firmado por los científicos y profesionales del medio ambiente españoles se asegura que las cuotas de pesca que se han ido estableciendo durante muchos años han estado por encima de las recomendaciones científicas, urdiendo sólo a motivos comerciales.

pesca sostenible

Entre los firmantes del manifiesto para la pesca sostenible, se pueden encontrar miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), del Instituto Español de Oceanografía (IEO), diversas universidades, expertos de la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos, la Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales o el Colegio de Ambientólogos de Andalucía (Coamba).
En la declaración, los científicos urgen al Gobierno español lo siguiente:
  1. Cuando el asesoramiento científico esté disponible, no debe excederse las recomendaciones proporcionadas por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES por sus siglas en inglés) o el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca de la Comisión Europea (STECF, por sus siglas en inglés). Debe prestarse especial atención al asesoramiento científico relacionado con los stocks por debajo de los niveles de seguridad biológica o límites de precaución, y el asesoramiento relacionado con el rendimiento máximo sostenible para 2017.
  2. Si el Gobierno español valora que no es posible alcanzar el objetivo de establecer límites de pesca en línea con el rendimiento máximo sostenible (RMS) para 2017, éste debe presentar -de forma temprana en las negociaciones y públicamente- evidencias de los impactos socioeconómicos, así como una propuesta de plan de acción para alcanzar el objetivo del RMS tan pronto como sea posible y, a más tardar, en el año 2020.
  3. Para determinadas especies de gran importancia económica para la flota española, el Gobierno debería mostrar el interés preponderante de alcanzar la sostenibilidad de los stocks y demostrar su compromiso con los objetivos de la PPC. Este es el caso por ejemplo para los stocks norte y sur de la merluza, gallos y rapes.
  4. Para las poblaciones que no disponen de recomendaciones científicas, se solicita al Gobierno -cuando sea posible- mejorar la recopilación de datos y/o realizar una investigación específica. Además, las posibilidades de pesca para las poblaciones sin evaluaciones analíticas del RMS (o aproximaciones correspondientes) deberían establecerse de acuerdo con el principio de precaución.
  5. Tal como se indica en la PPC, el principio de precaución y el enfoque ecosistémico deben aplicarse en la gestión de la pesca. La PPC también exige limitar el impacto ambiental de las actividades pesqueras, así como evitar y reducir al máximo las capturas no deseadas.
  6. La metodología utilizada para calcular el ajuste de las cuotas a la obligación de desembarque debe ser clara y asegurarse de que los ajustes no aumentan la mortalidad por pesca o no ponen en peligro la consecución de los objetivos de la PPC.
  7. El Gobierno debe garantizar un buen uso del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) y fomentar los programas de investigación a largo plazo, la recopilación de datos, el monitoreo de las pesquerías, el cumplimiento de las obligaciones de control y de aplicación de la normativa, así como la cooperación nacional.
  8. El Gobierno español también debe aumentar su compromiso para lograr un buen estado ambiental del medio marino a más tardar en 2020, principal objetivo de la Directiva marco sobre la estrategia marina.